miércoles, 23 mayo, 2018 11:52 pm
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La orgía que cuestiona los fundamentos de las ONG | Internacional


El escándalo mundial, destapado la semana pasada por The Sunday Times, deja ahora en la cuerda floja no sólo a Oxfam, sino a todas las organizaciones humanitarias, grandes estructuras muchas veces diversificadas y casi siempre con socios locales, que temen que Gobiernos, instituciones y particulares dejen de donarles fondos. Tras la noticia, han sido excepcionales los casos de trabajadores que han hablado en público sobre el caso de prostitución en Haití. La más de media docena que lo hace a EL PAÍS, empleados y cooperantes de la propia ONG en cuatro continentes, lo hace de manera anónima por miedo a sentirse señalados.

“Lamentablemente, los casos de acoso y abuso no son un fenómeno nuevo en el mundo humanitario (…) y el caso de Oxfam no puede sorprender a nadie en este ámbito”, revela un alto directivo con experiencia en las más prestigiosas ONG internacionales. Asegura que muchas organizaciones ya están preparadas para responder y dar la cara sobre el alcance de este problema. “Van a salir a la luz muchos casos más”, adelanta.

Los interrogantes respecto a los fallos en los sistemas de denuncia son demasiados. ¿Nadie controlaba ni auditaba en qué se gastaba el dinero de millones de donantes? En el cuartel general de Oxfam, en Oxford, donde cientos de empleados trabajan para que la ayuda llegue a millones de personas vulnerables en todo el mundo, están “en estado de shock”, señala uno de ellos. La decepción en la sede choca de lleno con la naturalidad con la que han abordado este caso algunos de los cooperantes en el terreno que, sin quitarle un ápice de gravedad, revelan que el pago a prostitutas en situaciones de emergencia (justamente la población más vulnerable) es algo habitual —aunque no mayoritario—, y que el personal de Oxfam no es el único que lo hace.

Hace una década, la organización admitía no tener un código de conducta específico ante situaciones de abusos sexuales en el entorno de sus programas humanitarios. “El [presente] protocolo hace referencia a muchas políticas de Oxfam sobre el uso de ordenadores, al acoso entre empleados, (…) pero no hay una política de comportamiento sexual”, se lee en un documento interno de 2006.

Entonces no había sucedido todavía el devastador terremoto en Haití que dejó al país en la desesperación y causó más de 200.000 muertes. Ni tampoco las orgías en la casona de la organización en Puerto Príncipe, pero sí en Chad. Oxfam intentó suplir en ese momento la ausencia de normas explícitas en caso de abusos sexuales con una “fuerte recomendación” —que no prohibición— a sus trabajadores en el terreno para “evitar pagar a prostitutas”, incluso si en el país en cuestión fuera legal. En Haití no lo era.

Las directrices sobre conducta sexual no llegaron a Oxfam hasta 2012. Ya era tarde. Las orgías se habían producido un año antes y la investigación interna estaba en marcha. “Estoy muy dolida con todo lo que está pasando”, dice afectada una cooperante que durante esos años se desplazaba esporádicamente a la oficina de Puerto Príncipe y que se niega en rotundo a describir cualquier situación en el país caribeño. El secretismo es máximo. Una alta fuente que conoce la ONG y su estructura admite que en cuestión de códigos y normas de ética “se aprende de malas experiencias”. 

¿Por qué entonces los directivos de Oxfam no acudieron a las autoridades? “Nuestros asesores legales nos aconsejaron que en esas circunstancias sería extremadamente improbable que la policía actuara ante una denuncia”, se justifica en un comunicado la ONG. Haití era un desgobierno, un retorno a los instintos de supervivencia más salvajes de la humanidad, aunque eso “no es ninguna justificación”, reconoce Pilar Orenes, subdirectora de Oxfam Intermón (la filial española de la ONG que este jueves ha reconocido cuatro casos de acoso sexual en África y Latinoamérica desde 2012. Ninguno por violación y en ningún caso personas beneficiarias se vieron involucradas). “Si la situación de riesgo en el país es mayor, las medidas contra el abuso tienen que ser mayores”. Pero no lo eran, y lo ocurrido en Haití “es sólo el principio de una serie muy larga”, advierte desde África occidental otro trabajador consultado. 

Otra oxfamer —como se autodenominan los empleados— aterrizada en Haití pocos días después del terremoto describe la situación de caos. “Había cero control (…) no había ni Gobierno, ni autoridad a la que denunciar nada”, recuerda sensiblemente afectada. Esta persona insiste en que no todo es blanco o negro en este caso: “¿Sería beneficioso denunciar un acoso sexual a una mujer si sabemos que las autoridades son corruptas, no van a realizar un proceso judicial con garantías para el acusado ni la víctima, y además la mujer va a quedar estigmatizada y rechazada por su comunidad?”, se pregunta. El factor cultural es determinante en estos casos, según fuentes de varias ONG globales.

Protocolos débiles

Lo cierto es que en la mayoría de los códigos de conducta de las grandes ONG humanitarias y de desarrollo no existen sanciones concretas —más allá de expedientes disciplinarios— para aquellos que violen las normas de comportamiento sexual. Lo que sí tienen en la actualidad las ONG potentes como Oxfam es un estricto reglamento interno que sus empleados tienen que firmar antes de entrar a formar parte de la plantilla. Y en todos ellos se dedica un capítulo entero a la prohibición expresa de abusos y acosos sexuales, prostitución, bullying y demás agresiones físicas o verbales por parte del personal humanitario hacia cualquier persona y, menos aún, hacia algún beneficiario. David Noguera, presidente de MSF España, cree sin embargo que los diferentes mecanismos de denuncias de abusos de las ONG están “infrautilizados”. Noguera reconoce que en 2017 la ONG recibió a través de sus mecanismos internos 10 denuncias de abuso sexual que resultaron en el despido de cuatro de sus empleados. No hubo violaciones.

En algunos casos, esos códigos de conducta se actualizan cada dos años y ahora sí están provistos de mecanismos de denuncias por acoso y violación por un canal confidencial. Oxfam también tiene esta línea de “denuncia de irregularidades” y estaba dirigida por Helen Evans, quien asegura que las acusaciones de acoso le “inundaban” conforme se fortalecían las vías de denuncia. Además, la ONG protagonista del escándalo ha anunciado siete nuevas políticas de refuerzo para afrontar casos de violencia sexual entre los que se encuentra la inclusión de un importante matiz: una “nueva línea externa independiente de denuncia de irregularidades”. Esa independencia, señala InterAction, una organización que elaboró unas guías para denunciar abusos en el seno de las ONG, es “esencial” en este tipo de circunstancias. Pero incluso los mejores protocolos, según una alta fuente del sector, no pueden frenar un abuso. “Las ONG deben ser categóricas y tener una política de tolerancia cero” ante estos casos. 

Decepción e incertidumbre

Be humankind es el lema que durante años se leía en la recepción de la mastodóntica sede de Oxfam GB, la ciudad que vio nacer a esta ONG en 1942 para ayudar a superar la hambruna sufrida en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. El significado del mensaje que inspiraba a los cientos de trabajadores que entran y salen en bicicleta del cuartel general de una de las organizaciones no gubernamentales más prestigiosas —y antiguas— del mundo se está desvaneciendo.

El caso de Oxfam es la punta del iceberg, asegura Evans. “Cuando existe una posición de poder privilegiada [como las ONG] siempre habrá algunos trabajadores que buscan abusar”, reconoce en un comunicado publicado en Twitter. A pesar de la preocupación moral y empresarial de la histórica ONG, sus trabajadores siguen teniendo muy presente el impacto que tiene su labor en la vida de millones de personas en casi un centenar de países. “Seguimos unidos y enfocados en nuestra labor (…) Tenemos ánimo de seguir adelante y mucha confianza en todo lo que Oxfam hace y hace bien. Lo sabemos todos”, declara otra empleada.

Los trabajadores se sienten decepcionados por las consecuencias, especialmente la dimisión de Penny Lawrence, la directora adjunta de Oxfam GB que, junto a Oxfam América, Oxfam Quebec e Intermón Oxfam, gestionó la ayuda humanitaria tras el terremoto de Haití. Más de una decena de oxfamers, en distintas oficinas repartidas por el mundo y consultados por este diario, dicen estar pasándolo muy mal a nivel personal e institucional.

Christian Aid (también británica, nacida en 1941 y eterna rival de Oxfam por tener una ideología algo más conservadora) ha reconocido dos casos de abuso sexual. Save the Children ha admitido la investigación de una treintena de agresiones en el pasado entre miembros de la plantilla. Y Médicos Sin Fronteras detectó 24 casos de acoso sexual en 2017. El tercer sector acaba de inaugurar su particular movimiento #metoo.

Holanda lo sabía, y lo ocultó

Isabel Ferrer (LA HAYA)

Oxfam Novib, la filial holandesa de Oxfam Internacional, sabía desde 2012 que varios empleados de la ONG británica habían contratado prostitutas en Haití, tras el terremoto de 2010. Farah Karimi, la directora en La Haya, lo ha reconocido y ha pedido disculpas, pero también ha justificado su silencio alegando “que se trataba de un asunto de Reino Unido”. Su silencio se ha traducido ya en la pérdida de cerca de 2.000 donantes en los Países Bajos. “Hacemos lo posible para recuperar la confianza de nuestros donantes y de todos aquellos que apoyan la misión y visión de Oxfam”, ha dicho Karimi.

Novib no tenía personal sobre el terreno, pero sí remitió a Londres “una parte de los 15 millones de euros en donativos del público recibidos, en conjunto, por las organizaciones humanitarias radicadas en Holanda y que se asociaron tras el terremoto”, según un comunicado. La oficina de La Haya pidió una auditoría independiente para saber si la ayuda económica holandesa había sido usada por los involucrados en las orgías. Al comprobar que no fue así, remitieron los resultados del auditor al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Tribunal de Cuentas holandés. Ambas instancias concluyeron por carta que “el caso se daba por cerrado puesto que no han sido constatadas irregularidades contables”.


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