lunes, 15 octubre, 2018 7:30 pm
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Los modelos económicos y la política pública

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Fuente: Especial

En plena etapa de campaña política por parte de los candidatos a presidente en México, uno de los temas recurrentes en entrevistas es el enfoque que cada uno ha mostrado sobre el papel del gobierno en torno al funcionamiento de la economía.

En particular, uno de los puntos en la conversación entre especialistas es el aparente fracaso de un “modelo económico neoliberal” con un gobierno facilitador de mercado, y la necesidad de modificar la participación del estado a una más activa fundamentada en las ideas originalmente planteadas por John M. Keynes, y cuya influencia (particularmente en escuelas de gobierno y política) aún se percibe en forma de un “modelo económico“ con una participación activa de un gobierno regulador del mercado. Así, en este espectro de alternativas intervencionistas por parte de gobierno, tenemos en los extremos una economía planeada centralmente por un gobierno regulador (modelo socialista) y en otro, una economía de libre mercado en dónde el gobierno limita su participación a corregir imperfecciones a través de impuestos y proteger los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo ¿En que ha consistido el modelo neoliberal mexicano? ¿Se puede decir que el aparente fracaso histórico reciente en la capacidad de generar y distribuir la riqueza está asociada a esa forma de pensamiento económico y a su consecuente diseño de política pública? Y finalmente, para corregir los graves problemas socioeconómicos ¿Se puede regresar a un modelo económico como el implementado durante el “desarrollo estabilizador mexicano” cómo algunos políticos sugieren?

El modelo económico neoliberal implementa una serie de políticas públicas con un enfoque de apertura en el comercio internacional, basadas en reducir la intervención del estado regulador favoreciendo el uso del mercado como coordinador en el problema de asignación de recursos. Este enfoque se ha implementado desde la década de los 80, particularmente a partir de presidente de la Madrid (1982-1988), y se acentuaron en el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) y Zedillo (1994-2000).

Los resultados de estaspolíticas públicas han sido más bien mixtos: por una parte, diversos estudios muestran un alza en la importancia de México en el comercio internacional, grandes ganancias en expectativas de vida de todos los mexicanos, y la ampliación en la cantidad de opciones de consumo nacional derivados de la apertura al comercio; por contraparte, en últimas fechas ha habido un crecimiento en el descontento social por la creciente desigualdad en la riqueza con una alta concentración del ingreso en manos de pocas familias, la creciente corrupción en el uso de recursos públicos y la falta de crecimiento en los salarios y en las alternativas laborales.

Uno de los fundamentos para que un sistema económico, basado en el uso del mercado y la libre competencia, alcance los objetivos de eficiencia social que promueve, es la existencia de un sistema legal funcional que fomente la inversión e incentive la acumulación de riqueza (particularmente en forma de capital humano) protegiendo los derechos de propiedad y seguridad de sus ciudadanos.

En México, la debilidad en la aplicación de las leyes que ha derivado en el alza de la evidencia de actos de corrupción de los políticos favoreciendo el enriquecimiento de unos pocos, siendo factor importante en la descomposición social que ha disparado la incidencia del crimen sobre ciudadanos inocentes y vulnerables, lo que también ha sido motivo para que las ganancias de las reformas implementadas por el modelo neoliberal se limitena unos pocos, y no haya creado la espiral virtuosa de este modelo.

Así, culpar únicamente al modelo económico empleado y regresar a uno de economía proteccionista o con una selectiva regulación centralizada, no necesariamente corregirá los graves problemas actuales de México, y si incidiría negativamente en los incentivos a la inversión privada y el acceso de los bienes y servicios de los consumidores. En otras palabras, la prioridad de política debe ser el fortalecer el Estado de Derecho y el combate efectivo a la corrupción.

El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.


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